El documento analiza el control difuso y argumenta que la función jurisdiccional, incluyendo la resolución de conflictos y el control de la constitucionalidad, debe ser exclusiva del poder judicial. Además, señala que la Constitución solo reconoce la jurisdicción judicial, militar y arbitral, y que las resoluciones de la administración no tienen la misma fuerza que una sentencia judicial. Por último, concluye que la sentencia del Tribunal Constitucional invalida el control difuso en sede administrativa.