El Ayuntamiento de Barcelona impulsa la contratación pública sostenible mediante un decreto que integra criterios sociales, ambientales y éticos, garantizando derechos laborales y promoviendo la economía local. La Ley 9/2017 establece que se incluirán criterios sociales y medioambientales en la contratación pública para lograr una mejor relación calidad-precio y accesibilidad para pequeñas y medianas empresas. Se fomenta el uso de medidas que beneficien a grupos vulnerables y se obliga a la transparencia en los procedimientos de contratación.