El documento habla sobre las garantías constitucionales en el proceso penal. Menciona los límites sustantivos y adjetivos al debido proceso, como el juicio previo, la presunción de inocencia, el principio de legalidad penal, la irretroactividad de la ley penal, los jueces naturales, la prohibición de ser obligado a declarar contra sí mismo y la inviolabilidad de la defensa en juicio. También menciona la abolición de la pena de muerte por causas políticas.