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“Análisis de la delimitación de
la competencia en el Nuevo
Código Procesal
Constitucional"
ANIBAL QUIROGA LEÓN (*)
(*) Profesor Principal, Abogado y Magíster en Investigación Jurídica de la PUCP y de la Universidad de Lima. Profesor en la UPC. Doctorando por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense
de Madrid, en actual proceso de convalidación por la Universidad de Cuyo (Mendoza). Ex Vocal Suplente de la Corte Superior de Justicia de Lima. Ex Presidente del Tribunal Superior de
Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República. Miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional -
Sección Peruana, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y de la
Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Autor de libros, ponencias y artículos de su especialidad. Analista político y constitucional en diversos medios de comunicación. Abogado en ejercicio.

LA CONSTITUCIÓN
KAEGI
La Constitución transforma el
«poder desnudo político» en
«poder jurídico»
• No es sólo una norma, sino la
primera de las normas: “lex
superior”

Establece las prestaciones que el poder debe cumplir en beneficio de la comunidad.
Establece los límites del ejercicio del poder y el ámbito de las libertades y derechos
fundamentales.
Configura y ordena los poderes del Estado por ella constituidos (norma política).
3

CONCEPTO
"la Constitución no sólo es la norma jurídica suprema formal y estática,
sino también material y dinámica, por eso es la norma básica en la que se
fundamentan las distintas ramas del derecho, y la norma de unidad a la
cual se integran. Es así que por su origen y su contenido se diferencia de
cualquier otra fuente del derecho. Y una de las maneras como se traduce
tal diferencia es ubicándose en el vértice del ordenamiento jurídico.
Desde allí, la Constitución exige no sólo que no se cree legislación
contraria a sus disposiciones, sino que la aplicación de tal legislación se
realice en armonía con ella misma (interpretación conforme con la
Constitución).” (STC 0020-2005-PI y 0021-2005-PJ F.J. 19 )

• La Constitución presenta un sistema de
instrumentos históricamente desarrollados, que
emanan de la soberanía del pueblo, dirigidos tanto
a los órganos del poder como a los propios
ciudadanos para el control, defensa,
interpretación de la Constitución y la
preservación de los Derechos Fundamentales.
• Los grandes modelos con control constitucional
tienen como finalidad esencial lograr la adecuada y
actualizada INTERPRETACION
CONSTITUCIONAL.
• La CONCRETIZACION (Hesse)
5
Órganos de
Poder
Ciudadanos
CONSTITUCIÓN
dirigida a
FUERZA VINCULANTE BILATERAL

Los grandes sistemas de control
Constitucional

• “En tal virtud, si examinamos en forma
abstracta estas dos categorías, descubrimos en
cada una de ellas las características contrarias
de la otra, como lo puso de relieve de manera
penetrante el (…) procesalista florentino PIERO
CALAMANDREI, cuando afirmó que los
lineamientos del binomio aparecen de ordinario
agrupados según cierta necesidad lógica, de
modo que el control judicial, es decir, el
americano, es necesariamente difuso,
incidental, especial, declarativo; y viceversa el
que califica como autónomo, es decir, el
austriaco, es concentrado, principal, general y
constitutivo”
Control
americano
• Difuso
• Incidental
• Especial
• Declarativo
Control
austriaco
• Concentrado
• Principal
• General
• Constitutivo
HÉCTOR FIX ZAMUDIO

FIX-ZAMUDIO DESPUÉS DE 25 AÑOS…
“Los dos modelos, el americano y el europeo, se aproximan paulatinamente, de manera recíproca,
y como ejemplo podemos mencionar a la Corte Suprema Federal de Estados Unidos, que en
apariencia es el Tribunal Federal de mayor jerarquía en el clásico sistema difuso, por medio de su
competencia discrecional denominada certiorari, (...) pero se ha convertido en un verdadero
Tribunal Constitucional ya que la mayoría por no decir la totalidad de los asuntos de que conoce
tienen carácter directamente constitucional, en especial en materia de derechos humanos, por
otra parte, sus resoluciones son obligatorias para todos los jueces del país, de acuerdo que se
llama stare decisis (obligatoriedad de precedente), de manera que cuando la Corte Suprema
declara la inconstitucionalidad de una Ley, dicho fallo posee efectos generales indirectos, pues
debido a su prestigio moral también las autoridades administrativas acatan sus resoluciones”

9
GARCIA DE ENTERRIA ha señalado que:
“Se ha querido paliar a través de este sistema tan cuidadosamente
articulado el concentrado el riesgo de un gobierno de los jueces, que, además
entonces era especialmente peligroso en Europa por la vigencia, que en aquél
momento la doctrina jurídica acepta, (…) que pretende liberar en cierta manera a
los jueces de la observancia de la ley. Este riesgo es el que el sistema kelseniano
intenta evitar estableciendo como postulado capital la sumisión de los jueces a todas
las Leyes, sin perjuicio de que únicamente el Tribunal Constitucional pueda eliminar
del sistema, siempre ex – nunc, como hemos notado, las leyes supuestamente
incompatibles con la Constitución.(…)”
LA RECEPCIÓN DEL SISTEMA DIFUSO DE CONTROL
CONSTITUCIONAL (JUDICIAL REVIEW) EN EL SISTEMA
CONCENTRADO DE CONTROL CONSTITUCIONAL (SISTEMA
EUROPEO)

EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA
“El Tribunal Constitucional es una pieza inventada de arriba abajo por el
constitucionalismo norteamericano y reelaborada, en la segunda década de este siglo,
por uno de los más grandes juristas europeos, Hans Kelsen. Su punto de partida es,
como se comprende, que la Constitución es una norma jurídica, y no cualquiera, sino
la primera entre todas, LEX SUPERIOR, aquella que sienta valores supremos de
un ordenamiento y que desde esa supremacía es capaz de exigir cuentas, de erigirse
en el parámetro de validez de todas las demás normas jurídicas del sistema.”

11
CONTROL DIFUSO AMERICANO
• La potestad de la Corte Suprema de los Estados Unidos es reconocida en todo el mundo, pero muy a
menudo mal interpretada. Hay que tener en cuenta que el Tribunal Supremo no es una entidad
ofensiva, que sabe busca oportunidades para ejercer su poder. Es una institución pasiva, que espera que
el asunto entre a sus puertas, sin solicitarlo (con el curso en el tiempo) (…) la Corte ha establecido que
ciertas reglas incontrovertibles que limitan su función de revisión judicial (una ejecutoria señaló una
relación de toda limitación del poder del Tribunal en cuanto a la judicial review “Self Restraint”(…);
sin embargo, hay pocas circunstancias sumamente excepcionales, en que la Corte Suprema podría
sobrepasar estas limitaciones, para alcanzar el fin de la Justicia social y otros factores innegables).
DALE FURNISH

12
“El origen de la jurisdicción constitucional no siempre coincide con el inicio del fenómeno
constitucional.
Si bien, en los Estados Unidos, la institución de la judicial review (…) surge casi al unísono
que el propio Código constitucional, (…) (y) que admite ser considerada como algo
consustancial a la Constitución –recordemos la conocida afirmación de Hughes: “Vivimos
bajo una Constitución; más la Constitución es lo que los jueces dicen que es”-;
en Europa, por el contrario, no sucederá así.
Y no por desconocimiento o indiferencia (…) pues ningún otro rasgo del sistema
americano de gobierno había despertado tanta curiosidad en el pensamiento europeo
(como la ‘judicial review’)”
FERNÁNDEZ SEGADO, ha señalado que:

LOS INSTRUMENTOS DEL PROCESO
CONSTITUCIONAL
Son aquéllos instrumentos procesales que contiene la Carta Constitucional,
tanto para su defensa directa y control constitucional (defensa orgánica)
que han sido incorporados en el curso de la historia y reciente evolución del
constitucionalismo de las últimas dos centurias, con la finalidad de brindar
a los justiciables la posibilidad de solicitar como pretensión procesal la
defensa y prevalencia de la norma constitucional.
En segundo lugar, se podrán encontrar aquellos instrumentos
procesales destinados a las defensa de los Derechos
Fundamentales, las denominadas garantías constitucionales o
instrumentos de defensa de la libertad o, -como magníficamente
lo calificó, CAPPELLETTI- Jurisdicción de la Libertad.

PROCESOS CONSTITUCIONALES
15
En el caso peruano, se determina que son 8 los Procesos Constitucionales contemplados en nuestra Carta
Constitucional:
Control Difuso o Judicial Review
Hábeas Corpus
Acción de Amparo
Hábeas Data
Acción de Inconstitucionalidad
Acción Popular
Acción de Cumplimiento
Contienda de la Competencia Constitucional
Constitucionalidad de las normas legales Art. 138 2da
parte
Art. 200 inc. 1
Art. 200 inc. 2
Art. 200 inc. 3
Art. 200 inc. 4
Art. 200 inc. 5
Art. 200 inc. 6
Art. 202 inc. 3

16
ACCIÓN DE CONTROL CONSTITUCIONAL
Acción popular
Acción de
inconstitucionalidad
Contienda de
competencia
Control difuso
ACCIONES DE GARANTÍA
CONSTITUCIONAL
Hábeas Corpus
Acción de
cumplimiento
Hábeas data
Acción de amparo

INSTRUMENTOS DEL DERECHO PROCESAL
ACCIONES DE CONTROL
CONSTITUCIONAL
El control difuso de la
constitucionalidad de las leyes
Acción popular
La contienda de la
competencia constitucional
ACCIONES DE GARANTÍA
CONSTITUCIONAL
Hábeas corpus
Acción de amparo
Hábeas data
Acción de cumplimiento

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NUEVO CÓDIGO
PROCESAL
CONSTITUCIONAL
TÍTULO PRELIMINAR
Jurisdicción de la
Libertad
Revisión Judicial de
las leyes
Disposiciones generales de los
procesos
Disposiciones generales de los
procesos
HÁBEAS
CORPUS
PROCESO
DE
AMPARO
HÁBEAS
DATA
ACCIÓN DE
CUMPLI-
MIENTO
ACCIÓN
POPULAR
ACCIÓN DE
INCONSTITUCIO-
NALIDAD
CONTIENDA DE
LA
COMPETENCIA
PROCEDIMIENTOS
Tramitación en Sede del Tribual Constitucional
(Disposiciones generales aplicables a los procedimientos ante el Tribunal Constitucional)
Jurisdicción Internacional
Disposiciones complementarias finales, transitoria y derogatoria

INSTRUMENTOS
DEL DERECHO
PROCESAL
ACCIONES DE
CONTROL
CONSTITUCIONAL
La contienda de la competencia constitucional
El control difuso de la constitucionalidad de las
leyes
Acción popular
ACCIONES DE
GARANTÍA
CONSTITUCIONAL
Hábeas corpus
Acción de Amparo
Hábeas data
Acción de cumplimiento
TC
PJ
PJ - TC

El Código Procesal Constitucional
de 2004 (D) y el “Nuevo Código
Procesal Constitucional” de 2021

• El Código Procesal Constitucional derogado, Ley 28237,
fue promulgado el 7 de mayo de 2004 y publicado en el
Diario Oficial El Peruano el 31 de mayo de 2004.
Posteriormente entró en vigencia el 1 de diciembre de
ese mismo año, tras la vacatio legis dispuesta en su
Segunda Disposición Transitoria y Derogatoria.
• Fue un texto legal pionero a nivel del ordenamiento
interno en Iberoamérica, destinado a recoger de manera
integral y sistemática las Acciones de Garantía
Constitucional y las Acciones de Control Constitucional
(que hasta entonces se encontraban en legislación
dispersa) conforme al mandato contenido en el Art. 200º
de la Constitución vigente.
• Tiene carácter de Ley Orgánica.
EL PRIMER CÓDIGO PROCESAL EN EL PERÚ

EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL
• El 21 de julio de 2021, fue promulgado por insistencia el Nuevo Código
Procesal Constitucional y fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el
23 de julio de 2021, derogando así la Ley Nº 28237, que creó el Código
Procesal Constitucional de 2004

CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL (2004) -LEY
28237
NUEVO CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL
(2021) - LEY Nº 31307
• El Código Procesal Constitucional de 2004, fue
promulgado el 7 de mayo de 2004 y entró en vigencia
el 1 de diciembre de ese mismo año, tras la vacatio
legis dispuesta en su Segunda Disposición Transitoria
y Derogatoria.
• Sin embargo, el Nuevo Código Procesal
Constitucional 2021 en su Quinta Disposición
Complementaria Final regula que "las reformas al
Código Procesal Constitucional entran en vigor
al día siguiente de su publicación".
➢ VACATIO LEGIS
• La Vacatio Legis es una “Expresión latina que hace referencia al tiempo que transcurre entre la
publicación de la ley y su entrada en vigencia.”(1).
• En palabras del Tribunal Constitucional “constituye un estado temporal de suspensión de los efectos
de la norma, es decir. de los efectos prohibitivos, permisivos u ordenantes de una acción u
omisión, hasta en tanto acontezca una condición temporal - la expiración de un plazo- o material -
la verificación de un suceso” EXP. N.º 5731-2006-PA/TC F.J. 7.
(1) GARCÍA TOMA, Víctor; GARCÍA IZAGUIRRE, José; “Diccionario de Derecho Constitucional”, Instituto Pacífico, Lima, 2018.

➢ AMICUS CURIAE
CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL (2004) -LEY 28237 NUEVO CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL (2021) -
LEY Nº 31307
• No regulaba expresamente la figura del amicus curiae.
Artículo V. Amicus curiae.-
El juez, la sala o el Tribunal Constitucional, si lo consideran
conveniente, podrán invitar a personas naturales o jurídicas en calidad
de amicus curiae, para que expresen por escrito u oralmente su
opinión jurídica sobre una materia compleja. También puede invitarse
al amicus curiae para que ilustre al juzgador sobre conocimientos no
jurídicos, técnicos o especializados de relevancia necesaria para
resolver la causa.
Son requisitos que debe cumplir la participación del amicus curiae:
1. No es parte ni tiene interés en el proceso.
2. Tiene reconocida competencia e idoneidad sobre la materia que se
le consulta.
3. Su opinión no es vinculante.
4. Su admisión al proceso le corresponde al órgano jurisdiccional.
El amicus curiae carece de competencia para presentar recursos o
interponer medios impugnatorios

• Respecto a la figura del Amicus Curiae (amigo de la Corte, o de la curia, o del Juez) para los
procesos constitucionales, esta no se encontraba regulada expresamente en el Código Procesal
Constitucional de 2004.
• Sin embargo, sí se hallaba legitimada en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de la Corte
IDDHH, y en el Art. 13-A del Reglamento Normativo del Tribunal constitucional, que señalaba
que: “El Pleno o las Salas pueden solicitar información de los amicus curiae (amici
curiarum), si fuera el caso, a fin de esclarecer aspectos especializados que puedan surgir
del estudio de los actuados.”
• Adicionalmente, en la jurisprudencia del TC, como ya queda dicho, el referido Colegiado ya
aplicaba lo dispuesto por el Art. 13-A de su Reglamento Normativo, acotando en el marco de un
proceso de Amparo que: “El amicus curiae (amigo de la Corte) se materializa con la
participación de terceros ajenos al proceso a fin de ilustrar a los jueces sobre aspectos
técnicos de alta especialización, que habrán de incidir de manera relevante a la hora de la
decisión final.”
• En adición a ello, refirió que el empleo del amicus curiae, se encuentra justificado cuando el
caso en cuestión, se tratase de la protección de ciertos derechos que por su propia naturaleza
pueden ser objeto de distintos enfoques científicos. (3) STC EXP. 3081-2007-PA/TC F.J 6,7
➢ AMICUS CURIAE

➢ VOTOS REQUERIDOS PARA DEJAR SIN EFECTO UN PRECEDENTE
VINCULANTE
LEY Nº 31307
Artículo VII.- Precedente.-
Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la
autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante
cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su
efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva
apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos
de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones
por las cuales se aparta del precedente.
Artículo VI. Precedente vinculante.-
Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la
autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante
cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de
su efecto normativo, formulando la regla jurídica en la que
consiste el precedente. Cuando el Tribunal Constitucional
resuelva apartándose del precedente, debe expresar los
fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la
sentencia y las razones por las cuales se aparta del
precedente.
Para crear, modificar, apartarse o dejar sin efecto un
precedente vinculante se requiere la reunión del Pleno del
Tribunal Constitucional y el voto conforme de cinco
magistrados.

➢ PRECEDENTE POR PARTE DE LA CORTE SUPREMA
LEY Nº 31307
No contemplaba la posibilidad de que la Corte Suprema
pudiera crear, modificar o derogar precedentes
vinculantes.
Artículo VI. Precedente vinculante.-
(…)
En los procesos de acción popular, la sala competente
de la Corte Suprema de la República también puede
crear, modificar o derogar precedentes vinculantes
con el voto conforme de cuatro jueces supremos. La
sentencia que lo establece formula la regla jurídica en
la que consiste el precedente, expresa el extremo de
su efecto normativo y, en el caso de su apartamiento,
los fundamentos de hecho y de derecho en que se
sustenta.
PROBLEMÁTICA: JURISPRUDENCIA VINCULANTE
CONTRADICTORIA

➢ PROHIBICIÓN DEL RECHAZO LIMINAR
LEY Nº 31307
Artículo 47.- Improcedencia liminar.-
• Si el Juez al calificar la demanda de amparo considera
que ella resulta manifiestamente improcedente, lo
declarará así expresando los fundamentos de su
decisión. Se podrá rechazar liminarmente una
demanda manifiestamente improcedente en los
casos previstos por el artículo 5 del presente Código.
(...)
Artículo 6. Prohibición de rechazo liminar.-
• De conformidad con los fines de los procesos
constitucionales de defensa de derechos
fundamentales, en los procesos constitucionales de
habeas corpus, amparo, habeas data y de
cumplimiento no procede el rechazo liminar de la
demanda.
• Problemática: Inadmisiblidad de la demanda.

• SEGÚN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL
CONSTITUCIONAL:
Se prohíbe el rechazo liminar de las demandas a fin de garantizar un mayor acceso a la
justicia constitucional, toda vez que en los últimos tiempos se ha podido observar una
escasa o casi nula protección de los derechos fundamentales debido a que los jueces han
exagerado su visión de los procesos constitucionales como supletorios.
(Se) considera que la improcedencia debe ser analizada en la sentencia que pone fin a la
instancia e incorpora una etapa de Audiencia Única con la finalidad de aminorar las
etapas procesales para hacer más expeditivos los procesos. En esta audiencia el juez
valora las pruebas, escucha a las partes y, si considera oportuno, resuelve en el acto.
Sin embargo, tomando en cuenta que la carga procesal podría aumentar
considerablemente hasta convertir la Audiencia Única en inmanejable, se faculta a
los jueces a decidir con prescindencia de esta si concluye –luego de leer la
demanda y la contestación a la demanda– que el acto lesivo es manifiestamente
ilegítimo o que la demanda adolece de alguna causal de improcedencia.

• Con relación a la prohibición de rechazo liminar contenida en el Art. 6 del Código
Procesal Constitucional de 2021, de aplicación para las demandas interpuestas en
los procesos de tutela de derechos (habeas data, habeas corpus, amparo y
cumplimiento), podemos señalar que esta es una de las novedades más importantes
del nuevo código, ya que para los justiciables representa, en principio, una solución
a las contantes improcedencias que los jueces de primera instancia emitían,
respecto a las demandas tramitadas durante la vigencia del Código de 2004, que
expresamente concedía al Juez Constitucional esta facultad en su Art. 47º “Si el
Juez al calificar la demanda de amparo considera que ella resulta
manifiestamente improcedente, lo declarará así expresando los fundamentos
de su decisión.”

➢ COMPETENCIA PARA AMPAROS CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES
LEY Nº 31307
• En el Código derogado, los amparos contra resoluciones judiciales
también eran presentados ante la primera instancia de la Corte
Superior de Justicia. La Corte Suprema no intervenía.
Artículo 42. Juez competente
Son competentes para conocer del proceso de amparo, a elección
del demandante, el juez constitucional del lugar donde se afectó el
derecho, o donde tiene su domicilio el afectado, o donde domicilia el
autor de la infracción.
Si la afectación de derechos se origina en una resolución
judicial, la demanda se interpone ante la sala constitucional o, si
no lo hubiere, ante la sala civil de turno de la corte superior de
justicia respectiva. La Sala Constitucional y Social de la Corte
Suprema es competente para resolver en segundo grado. Si la
sentencia es desestimatoria, el agraviado puede interponer
recurso de agravio constitucional en el plazo de ley.
En el proceso de amparo, no se admitirá la prórroga de la
competencia territorial, bajo sanción de nulidad de todo lo actuado.
¿Choque de Cortes?

• Previamente desde la Ley 23506(D), la Corte Suprema ya poseía competencia para conocer en Segunda Instancia la
Acción de Amparo. Así dicha Ley señala lo siguiente:
LEY23506 - LEY DE HABEAS CORPUS Y AMPARO
Art. 29º.- La acción de Amparo se ejerce ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil del lugar
donde se afectó el derecho o donde tiene domicilio el afectado, o donde tiene su domicilio el autor
de la infracción. Si la afectación de derechos se origina en una orden judicial, se interpondrá la
acción ante la Sala Civil de la Corte Superior respectiva, la que encargará a otro Juez su
trámite.
Art. 36º.- Elevados los autos a la Corte Suprema, se seguirá el mismo trámite y se observará los
mismos plazos que los fijados para la Corte Superior.

• Dicha competencia de la Corte Suprema también fue recogida por el Código Procesal
Constitucional de 2004.
LEY N° 28237 – CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL 2004 (párrafos derogados)
Artículo 51.- Juez Competente y plazo de resolución en Corte
(…)
Si la afectación de derechos se origina en una resolución judicial, la demanda se interpondrá
ante la Sala Civil de turno de la Corte Superior de Justicia de la República respectiva, la que
designará a uno de sus miembros, el cual verificará los hechos referidos al presunto agravio.
La Sala Civil resolverá en un plazo que no excederá de cinco días desde la interposición de la
demanda
• Posteriormente con la Ley 29364, por la que se modificaron las causales de la casación, también se derogó
subrepticiamente del Código Procesal Constitucional de 2004 la competencia de la Corte Superior y de la Corte
Suprema para conocer el Amparo y los Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales en Segunda Instancia.

➢ RECURSO DE APELACIÓN POR SALTO
LEY Nº 31307
• El Recurso de Apelación por Salto, no se encontraba
regulado expresamente en el CPC de 2004, fue un desarrollo
jurisprudencial.
Artículo 22. Recurso de apelación
El recurso de apelación en los procesos constitucionales de
habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento
procede contra las resoluciones que las partes consideran
que los agravia. Los plazos para impugnarlas son:
a) En el proceso de habeas corpus es de dos días hábiles.
b) En los procesos de amparo, habeas data y de cumplimiento
es de tres días hábiles.
c) De forma excepcional, se permitirá la apelación por
salto en casos de resoluciones judiciales en proceso de
ejecución de sentencia, cuando se verifique una inacción
en su ejecución o cuando se decida en contra de la
protección otorgada al derecho fundamental agredido y
se desproteja los derechos fundamentales cuya
protección ya se otorgó.

• El Nuevo Código Procesal Constitucional incluye la Apelación por Salto, institución creada por
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente 00004-
2009-PA/TC, el que señalaba “El recurso de agravio constitucional interpuesto a favor de la
ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional será denominado recurso de apelación
por salto a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional.”
Asimismo, señalaba “El recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una
sentencia del Tribunal Constitucional se interpone contra la resolución del juez de
ejecución que declara actuado, ejecutado o cumplido el mandato de una sentencia del
Tribunal Constitucional, o que declara fundada la contradicción u observación propuesta
por el obligado. Contra la resolución que deniega el recurso de apelación por salto cabe
el recurso de queja previsto en el artículo 401 º del Código Procesal Civil.”

➢ OBLIGATORIEDAD DE LA VISTA DE LA CAUSA EN EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
OBLIGATORIEDAD DE LA VISTA DE LA CAUSA EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Artículo 24. Recurso de agravio constitucional
Contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda, procede
recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional, dentro del plazo de diez días
contados desde el día siguiente de notificada la resolución. Concedido el recurso, el presidente de la
sala remite al Tribunal Constitucional el expediente dentro del plazo máximo de tres días, más el
término de la distancia, bajo responsabilidad.
En el Tribunal Constitucional es obligatoria la vista de la causa, la falta de convocatoria de la
vista y del ejercicio de la defensa invalidan el trámite del recurso de agravio constitucional.
La sala remite al Tribunal Constitucional el expediente dentro del plazo de tres días hábiles, bajo
responsabilidad.
• Ello deroga o contradice el "Precedente Vásquez Romero" (Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el
Expediente N° 00987-2014-PA/TC), así como lo establecido por el Reglamento Normativo del Tribunal.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA- Nº 154-2021-P/TC
Artículo Primero.- DISPONER la inmediata implementación del
acuerdo de Pleno del Tribunal Constitucional adoptado en su
sesión de fecha 19 de agosto de 2021 que aprueba las siguientes
reglas de aplicación del segundo párrafo del artículo 24 del Código
Procesal Constitucional:
➢ Reponía la admisibilidad del RAC en las Salas del Tribunal
Constitucional al señalar:

1. En aplicación del segundo párrafo del artículo 24 del Código
Procesal Constitucional, la vista de la causa de los procesos de
tutela de derechos en el Tribunal Constitucional es obligatoria.
2. Ingresado un expediente de proceso de tutela de derechos al
Tribunal Constitucional, en el día o a más tardar el primer día hábil
siguiente se notificará a las partes la fecha de la vista de la causa
por parte de la Sala.
Esta será programada para el viernes de la semana subsiguiente.
Dicha notificación otorgará a las partes tres (3) días hábiles para
presentar informes escritos.

3. Si en la vista de la causa la Sala considera que la demanda es
improcedente, se resolverá en ese sentido, sin convocatoria a audiencia
pública, y se publicará la resolución correspondiente. También se resuelven
sin convocatoria de audiencia pública los recursos de agravio constitucional a
favor de la debida ejecución de la sentencia, las apelaciones por salto y las
quejas.
4. Si en la vista de la causa la Sala considera que la demanda requiere un
pronunciamiento de fondo por parte suya (amparos previsionales, procesos de
hábeas data y procesos de cumplimiento), en el día o a más tardar el primer
día hábil siguiente se notificará a las partes, convocando a audiencia pública
para el lunes de la semana subsiguiente. Celebrada esta audiencia, la
votación de la causa se realizará en la siguiente fecha de vistas de causa por
parte de la Sala y se publicará la sentencia correspondiente

5. Si en la vista de la causa la Sala considera que la demanda requiere un
pronunciamiento de fondo por parte del Pleno (hábeas corpus, amparos
contra resoluciones judiciales u otros amparos), en el día o a más tardar el
primer día hábil siguiente se notificará a las partes, convocando a audiencia
pública para el miércoles de la semana subsiguiente. Celebrada esta
audiencia, la votación de la causa se realizará en la siguiente fecha de vistas
de causa por parte del Pleno y se publicará la sentencia correspondiente.

• Sin embargo, los nuevos integrantes del Pleno del Tribunal
Constitucional acaban de dejar dejaron sin efecto dicha disposición, que
en su día fue también incorporada a su Reglamento Normativo.
• RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N.° 075 -2022-P/TC: “DEJAR SIN EFECTO a partir
de la fecha el Artículo 11- C del Reglamento Normativo del Tribunal
Constitucional aprobado por Resolución Administrativa N°. 095-2004-P/TC y
sus modificatorias y el Artículo Quinto de la Resolución Administrativa N.° 168-
2021-P/TC de fecha 17 de setiembre de 2021, conforme a los argumentos
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.”

Competencia en el Nuevo Código
Procesal Constitucional

ART. 42° NUEVO CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL
Artículo 42. Juez competente
Son competentes para conocer del proceso de amparo, a elección del
demandante, el juez constitucional del lugar donde se afectó el derecho, o donde
tiene su domicilio el afectado, o donde domicilia el autor de la infracción.
Si la afectación de derechos se origina en una resolución judicial, la demanda
se interpone ante la sala constitucional o, si no lo hubiere, ante la sala civil de
turno de la corte superior de justicia respectiva. La Sala Constitucional y
Social de la Corte Suprema es competente para resolver en segundo grado.
Si la sentencia es desestimatoria, el agraviado puede interponer recurso de
agravio constitucional en el plazo de ley.
En el proceso de amparo, no se admitirá la prórroga de la competencia territorial,
bajo sanción de nulidad de todo lo actuado.

Artículo 84. Competencia
La demanda de acción popular es de competencia exclusiva del Poder
Judicial. Son competentes:
1) La Sala Constitucional de la Corte Superior del Distrito Judicial al que
pertenece el órgano emisor, cuando la norma objeto de la acción popular es
de carácter regional o local; y si no existiese, la sala a cargo de los procesos
civiles.
2) En los demás casos, la Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima; y
si no existiese, la sala a cargo de los procesos civiles.
PROCESO DE ACCIÓN POPULAR

Problemática de la competencia en
el Hábeas Corpus

46
Artículo 29. Competencia
La demanda de habeas corpus se interpone ante el juez
constitucional donde se produjo la amenaza o afectación del
derecho o donde se encuentre físicamente el agraviado si se
trata de procesos de detenciones arbitrarias o de desapariciones
forzadas.
Artículo 30. Competencia del juez de paz
Cuando la afectación de la libertad individual se realice en lugar
distinto y lejano o de difícil acceso de aquel en que tiene su
sede el juzgado donde se interpuso la demanda este dictará
orden perentoria e inmediata para que el juez de paz del distrito
en el que se encuentra el detenido cumpla en el día, bajo
responsabilidad, con hacer las verificaciones y ordenar las
medidas inmediatas para hacer cesar la afectación.
HÁBEAS CORPUS

ART. 9° NUEVO CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL
Artículo 9. Procedencia respecto de resoluciones judiciales.-
El amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio
a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es
improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo.
El habeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la
libertad individual y la tutela procesal efectiva.
Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se
respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a
probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de
la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la
ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios
impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación
adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del
principio de legalidad procesal penal.

➢ ¿Competencia del Hábeas Corpus en el caso de las
Resoluciones Judiciales?
• "Artículo 51.- Juez Competente y plazo de
resolución en Corte Es competente para
conocer del proceso de amparo, del proceso de
hábeas data y del proceso de cumplimiento el
Juez civil o mixto del lugar donde se afectó el
derecho, o donde tiene su domicilio principal el
afectado, a elección del demandante.
Nuestra Posición
• Las nuevas demandas de habeas
corpus contra resoluciones judiciales
deben interponerse ante el Juez
Constitucional de Primera Instancia.
• Competencia es específica, no se
puede definir por analogía.
• Las excepciones no se pueden
generalizar.
• Principio de interpretación. Art. IV del
Título Preliminar del Código Civil.
CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL DE 2004 (D)

➢ AUTOS ADMISORIOS DE HÁBEAS CORPUS

EXPEDIENTE : 00715-2022-0-1801-JR-DC-02
SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONSTITUCIONAL CSJ de Lima
Petitorio: “El accionante interpone la presente demanda de Hábeas Corpus, pretendiendo que se
declare NULA la sentencia emitida por el Juzgado Penal Colegiado conformado Especializado en
Crimen Organizado de la Corte Superior Nacional Especializada, que suscribieron la resolución de
Sentencia de fecha 12 de mayo del 2021, que imponen una condena con vulneraciones al debido
proceso, a la tutela procesal, a la presunción de inocencia, la legitimación de prueba, la debida
motivación de resoluciones judiciales, y se disponga un nuevo juicio oral, y con otro colegiado, con las
garantías mínimas de cumplimiento de los principios fundamentales. (…)”
“SE RESUELVE: 1.- ADMITIR a trámite la demanda de Habeas Corpus promovida por ISIDORO PABLO
PAZ CASTRO, a su favor, contra los Señores Magistrados Integrantes del Juzgado Penal Colegiado
Conformado Especializado en Crimen Organizado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal
Especializada, doctores: ZAIDA CATALINA PEREZ ESCALANTE, RICARDO MANRIQUE LAURA, VICTOR
ROMERO URIOL, por presunto atentado contra su Libertad Individual - DEBIDO PROCESO -
MOTIVACION DE RESOLUCIONES JUDICIALES - TUTELA PROCESAL , PRESUNCION DE INOCENCIA,
LEGITIMACION DE PRUEBA.
(…)”
Fecha de inicio de proceso: 31/01/2022

EXPEDIENTE : 00715-2022-0-1801-JR-DC-02
TERCER JUZGADO CONSTITUCIONAL CSJ DE LIMA
“PRIMERO. - PETITORIO: El demandante interpone la presente demanda constitucional de Habeas
Corpus a fin de que se declare Nula: (i) Sentencia del 14 de junio del 2012 emitida por la SEGUNDA
SALA ESPECILIZADA EN LO PENAL PARA PROCESOS CON REOS EN CARCEL COLEGIADO B, mediante el
cual condena a la beneficiaria a 14 años de pena privativa de la libertad por el delito contra la salud de
tráfico ilícito de drogas bajo el expediente N° 1668-2010; y, (ii) Recurso de Nulidad N° 2911-2012 emitida
por la SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE LA REPÚBLICA; requiriendo un nuevo juicio
oral y se ordene la libertad de la beneficiaria. “
“RESUELVE: 1.- ADMITIR a trámite la demanda de Habeas Corpus promovida por FABIOLA IRIS
RAMIREZ LIMAYLLA a su favor contra MAGISTRADOS DE LA SEGUNDA SALA ESPECILIZADA EN LO PENAL
PARA PROCESOS CON REOS EN CARCEL COLEGIADO B: BERNA MORANTE SORIA, ROSA SOTELO
PALOMINO Y HERMILIO VIGO ZEVALLOS Y LOS MAGISTRADOS DE LA SALA PENAL PERMANENTE DE LA
CORTE SUPREMA DE LA REPÚBLICA: PARIONA PASTRANA, BARRIOS ALVARADO, TELLO GIRALDO, NEYRA
FLORES Y MORALES PARRAGUEZ por la presunta vulneración a su DERECHO A LA LIBERTAD INDIVIDUAL
– TUTELA PROCESAL EFECTIVA, DERECHO A OBTENER UNA RESOLUCIÓN FUNDADA EN DERECHO,
MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. “

EXPEDIENTE : 00545-2022-0-1801-JR-DC-06
JUZGADO EN LO CONSTITUCIONAL CSJ DE LIMA
“PRIMERO. - PETITORIO: El accionante solicita que el Juzgado Constitucional declare NULA la sentencia
condenatoria de fecha 02 de julio del 2019, recaída en el expediente N° 00025-2009-0-080 l-JRPE-02 emitida
por la Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Cañete, asimismo, se declare
NULA la resolución N° 1371-2019 de fecha 06 de JULIO del 2021, de la Sala Penal Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia de la República, recaída en el expediente 4225-2019-0-5001-SU-PE-Ol, toda vez que la
primera instancia incurrió en inaplicación de la norma procesal y la segunda instancia en falta de aplicación del
control de legal y constitucional de la motivación de la pena impuesta; que se ordene dejar sin efecto legal las
citadas resoluciones, llevándose a cabo un nuevo proceso penal, emitiéndose nueva sentencia y se disponga la
libertad del favorecido. “
“RESUELVE: 1.- ADMITIR a trámite la demanda de Habeas Corpus promovida por ANTHONY NELSON CACERES
CASANI, representado por su abogado Roberto Saavedra Vásquez, dirigida contra la SALA PENAL LIQUIDADORA
TRANSITORIA DE CAÑETE integrada por los magistrados RUIZ COCHACHIN (director de debates), CAMA QUISPE y
REATEGUI SANCHEZ y contra SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA,
integrada por DR. PRADO SALDARRIAGA, DR.BROUSSET SALAS, CASTAÑEDA OTSU, PACHECO HUANCAS y
BERMEJO RIOS, por presunta vulneración del derecho fundamental a LA LIBERTAD INDIVIDUAL – TUTELA
PROCESAL EFECTIVA y DEBIDO PROCESO.”

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