El documento propone una política minera integral para Chile que busca actualizar y modernizar el sector, frente a la caída en su contribución al bienestar nacional y la creciente inseguridad para inversores. Se destacan medidas esenciales como revisar el marco regulatorio, fortalecer instituciones del gobierno relacionadas con minería, y promover la innovación tecnológica, además de asegurar la sostenibilidad y maximizar el valor económico y social de la actividad minera. La propuesta enfatiza la necesidad de un enfoque coordinado entre distintos actores de la industria para mejorar la competitividad y la inversión en minería.