Propuesta PRO sobre royalty minero

Propuesta PRO sobre royalty minero

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  Por una Mineríaal servicio el desarrollo de Chile: un desafío para el Bicentenario Reflexiones del Partido Progresista (PRO) ante la discusión sobre el Royalty a la Minería Agosto, 2010 1
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  Por una Mineríaal servicio el desarrollo de Chile: un desafío para el Bicentenario I. Antecedentes 1.1 Chile, es un país privilegiado en riquezas minerales. Se estima que posee cerca de un 38% de las reservas mundiales del Cobre. Pero también es rico en otros minerales. Es el primer productor mundial de Molibdeno, de Renio, el 5to productor de Plata, el primer productor de Carbonato de Litio, de Nitratos Naturales, y de Yodo, entre otros. Según estudios internacionales, Chile supera a todos sus competidores (Australia, Canadá Perú, China, etc), en las perspectivas de potencial geológico. 1.2 En este contexto, la minería privada en Chile ha tenido un explosivo aumento en los últimos 20 años. Su participación en la producción total de Cobre pasó de un 25% en 1990 a un 68% en el 2009. Esto ha sido producto de una fuerte entrada de capitales extranjeros (DL 600), que en las últimas dos décadas acumula más de USD 22.000 millones, promediando en torno al 30% de toda la inversión extranjera que llega al país. Esto ha contribuido a que la participación de Chile en la producción mundial de Cobre, haya crecido de un 18% en 1990 a un 35% en el 2009. 1.3 Por otra parte, las utilidades operacionales de la minería privada en las últimas dos décadas han acumulado cerca de USD 74.000 millones, es decir, 3,5 veces la inversión realizada. La tributación, en este período, alcanza los USD 20.500 millones aproximadamente. 1.4 En este mismo período, CODELCO, con inversiones en torno a los USD 17.000 millones, ha contribuido al fisco del orden de los USD 41.000 millones. Representando, hoy en día, el 32% de la producción de Cobre en el país. 1.5 La situación anterior ha sido favorecida por un marco regulatorio extremadamente beneficioso para la inversión privada en recursos naturales, que son propiedad de todos los chilenas y chilenos, de ésta, como de las futuras generaciones. Marco regulatorio que no da cuenta de los desafíos que hoy tenemos como país, del estado actual de la industria minera, de la posición ventajosa del país en la industria internacional del Cobre, y por sobre todo, de la necesaria discusión democrática que debemos dar en cuanto al rol que queremos asignar a los recursos 2
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  naturales en general,y a la minería en particular, en el desarrollo futuro del país. 1.6 Esto queda en evidencia, cuando se constata, que a pesar de la importancia del sector en los ingresos fiscales, su institucionalidad se ha desarrollado pobremente: se mantiene invariable un código minero de origen autoritario que asegura, entre otras cosas, concesiones indefinidas sobre los recursos mineros, se exploten éstos o no. Por otra parte, los organismos públicos mineros que tienen a su cargo tareas relevantes como son la fiscalización de las faenas mineras (seguridad, producción, etc), o la generación de información actualizada de concesiones, reservas y recursos mineros, pago de impuestos, entre otros, cuenta con escasos recursos y atribuciones para ejercerlos. En otras palabras, el sector minero ha sido el “hermano pobre” del sector público. 1.7 Por otra parte, existe consenso en que la explotación de recursos naturales no renovables, no puede ser tratado tributariamente como cualquier otro sector económico. Existe una renta económica asociada al recurso natural que debe recibir el propietario del mismo, en este caso, el Estado, en representación de todos los ciudadanos. Esta renta debe ser independiente de los impuestos que tradicionalmente pagan las actividades productivas (y las personas) al Estado por la provisión de servicios. 1.8 Sin embargo, el escaso poder regulador del Estado sobre sus recursos naturales, se evidencia también en la baja tasa de tributación que tiene el sector Minero. La carencia de un royalty, y los escasos impuestos que pagaba la minería, generó un debate sobre la tributación minera a mediados del 2004. Presiones políticas y económicas, impidieron aplicar un auténtico royalty sobre la renta del recurso (tal como lo hace la mayoría de los países del mundo). Se consensuó en cambio, un Impuesto Específico a la Minería (IEM), que se aplica sobre la utilidad operacional de la empresa y según tramos de venta. Para las grandes mineras, esta tasa es de un 4% (5% para nuevas inversiones), además de asegurar invariabilidad tributaria hasta el 2017. En consecuencia, la tasa tributaria efectiva sobre la renta devengada bordea el 31%, constituyéndose entre las más bajas del mundo. 3
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  II. PRO-puestas 2.1 Desde el PRO, creemos que para superar los niveles de pobreza e inequidad de nuestro país, se requiere una reforma tributaria integral, la cual incluye, necesariamente, a la minería. 2.2 Creemos que se requiere una nueva política pública para la minería, discutida y consensuada entre todos los actores de la sociedad. No solo una discusión sobre la tributación minera, sino también, sobre la legislación de la misma. Por tanto, no creemos que se deba acelerar una discusión tan relevante para el país, que termine hipotecando el desarrollo e ingresos futuros de la minería. Le proponemos al país, en cambio, iniciar un debate de altura, fundado y participativo, sobre los roles futuros de la minería, y su papel en desarrollo económico. 2.3 Este debate, en materia tributaria, debe necesariamente buscar fórmulas que permitan al país captar la renta económica de un recurso no renovable, y de propiedad de todos los chilenos, que hoy en día se pierde. Creemos que hay un espacio suficiente para colocar un verdadero royalty a la minería en nuestro país. No afectaría mayormente la inversión, por cuanto, la riqueza de las reservas nacionales y los bajos tributos en comparación a los principales competidores a nivel mundial, dan un amplio margen de maniobra en términos tributarios. 2.4 Esta nueva política tributaria, debiese además tener algunos objetivos adicionales: 1) Incentivar el desarrollo de una industria minera que le agregue valor a las exportaciones del sector. Para ello, la nueva política tributaria debiese diferenciar las tasas de royalty, según el grado de procesamiento del mineral: Premiemos a quienes invierten en exportar el mineral con mayor valor, y castiguemos a quienes exportan nuestras riquezas a bajo costo; 2) Estimular la inversión en nuevas tecnologías, en particular, en términos de ahorro energético. Si la minería ahorra del orden del 2% anual, al 2020, no habremos evitado construir 3 a 4 centrales termoeléctricas. Por tanto, creemos que el gasto en ahorro energético puede convertirse en un crédito contra el royalty; 3) Orientar los recursos generados por el royalty, a incentivar efectivamente la generación de cluster en torno a la minería a nivel regional. De modo de convertir a ésta en un motor de desarrollo de nuevos sectores económicos. 2.5 En materia legislativa, es necesario impulsar una reforma profunda a la minería. Se requiere de un nuevo marco legal, ampliamente discutido y democráticamente sancionado, que por un lado, resguarde los intereses del Estado y por otro, responda a los requerimientos de un mercado altamente competitivo y en transformación. Se debe regular la entrega de concesiones de carácter indefinido, que no son utilizadas ni para la exploración ni la explotación minera. Se requiere potenciar al sector 4
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  público minero enatribuciones y recursos, que permitan desarrollar desde una mayor fiscalización de las faenas mineras y los procesos productivos hasta la recolección de información actualizada sobre reservas o nuevas exploraciones. Hoy en día, paradójicamente, el sector público minero tiene escaso poder fiscalizador sobre la minería privada. 2.6 Se requiere también analizar el marco legal de minerales emergentes, como el Litio, que pueden jugar un papel clave en los mercados mundiales a futuro. En este punto, efectivamente, el carácter de reserva estatal del mineral impide su desarrollo, pero bajo los actuales marcos legales mineros, con escaso poder regulador del Estado, concesiones indefinidas (ya otorgadas en la mayoría de los salares) y baja tributación, no se hace aconsejable avanzar en su liberalización, no antes, se establezca un marco legal que permita mayor competitividad en la industria, incluso con CODELCO como actor, y mecanismos que resguarden los intereses de un recurso que es de todos los chilenos. Comisión Política Minera Partido Progresista (PRO) [email protected] Agosto, 2010 5