Recomendaciones de la Cámara de Diputados para aplicar la Ley 348

RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A AUTORIDADES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY INTEGRAL Nº 348
PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Asamblea Legislativa Plurinacional
Cámara de Diputados
Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral
Con apoyo de:
CONSIDERANDO:
Que, el Estado Plurinacional de Bolivia, como signatario de
importantes convenios internacionales para la defensa y promoción de
los derechos de las mujeres, en la última década alcanzó
fundamentales avances en su legislación, garantizando el derecho
constitucional de vivir una vida libre de violencia.
Que esta Comisión Legislativa, a solicitud de las siguientes
organizaciones: Alianza Libre sin Violencia, Articulación de
Organizaciones de Mujeres y Coordinadora de la Mujer, activando
mecanismos legislativos de gestión, participación y control, ha
convocado a Audiencia Pública el 24 de noviembre a hrs. 14:30 en
instalaciones de la Vicepresidencia del Estado, para que las
autoridades encargadas de implementar la Ley Nº 348 informen sobre
los avances logrados.
Que, habiendo escuchado los informes presentados por las
instituciones públicas concernidas, reconociendo y ponderando el
trabajo de las mismas, incidimos que se requiere aunar esfuerzos
con la población para continuar la lucha contra la violencia hacia las
mujeres, requiriéndose cambios socio-culturales profundos, por lo
que:
LA COMISIÓN RECOMIENDA:
Al Ministerio de Salud:
1. Continuar con los procesos de formación, capacitación, promoción
y sensibilización permanente a recursos humanos del Sistema
Nacional de Salud para la prevención, garantizando una atención
integral y oportuna a las mujeres en situación de violencia.
2. Velar por la correcta implementación y aplicación de protocolos e
instrumentos para la atención clínica a mujeres en situación de
violencia por parte de los servicios médicos para la emisión y
correspondiente homologación del Certificado Único para casos de
Violencia.
3. Se insta al Ministerio a garantizar la emisión del Certificado Único
para casos de violencia de manera continua y permanente en todos
los centros de salud del país, por medio de instructivos de
cumplimiento obligatorio de la Ley 348, y la dotación suficiente del
mismo.
4. Continuar con programas de prevención en contra de la violencia
dirigidos a varones jóvenes y adultos, desde una mirada de la
salud integral, garantizando además la atención diferenciada para
adolescentes.
5. Elaborar protocolos para combatir y sancionar la violencia
gineco-obstétrica en todo el territorio del país.
6. Facilitar el apoyo multidisciplinario en el área de salud psicológica
y salud sexual y reproductiva a otras instancias gubernamentales
que trabajen con la problemática de violencia contra las mujeres, a
fin de contar con una atención interdisciplinaria para las víctimas.
7. Dar cumplimiento a los protocolos de atención a víctimas de
violencia sexual, asegurando los suministros para la
anticoncepción de emergencia y la profilaxis de infecciones de
transmisión sexual incluyendo el VIH, en todos los niveles de
centros de salud y hospitales.
Al Ministerio de Comunicación:
1. Elaborar un programa de sensibilización único del Estado para
informar a la población sobre la lucha contra la violencia hacia las
mujeres.
2. Continuar con las acciones comunicacionales referentes a la
prevención de la violencia contra las mujeres en los ámbitos urbano
y rural, considerando el idioma propio de la cada región.
3. Elaborar de manera conjunta con operadores/as de los medios de
comunicación códigos de ética para combatir la violencia
mediática contra las mujeres y el uso del lenguaje sexista en
programación nacional.
4. Gestionar la creación de un Observatorio contra la Violencia
Mediática que permita monitorear y sancionar los mensajes
televisivos y radiales que puedan reproducir desigualdades
sexistas, racistas, clasistas y estereotipos de género en detrimento
de las mujeres.
5. Normalizar mensajes, anuncios publicitarios y otros cuidando la
integridad de las mujeres, evitando de esta manera la
naturalización de la violencia.
Al Ministerio de Justicia:
1. Recomendar que en su condición de órgano rector lidere las
acciones de empoderamiento de la sociedad respecto de la lucha
permanente para erradicar toda forma de violencia contra las
mujeres.
2. Implementar de manera efectiva, sistemática y permanente el
funcionamiento del SIPASSE, generando datos estadísticos
desagregados territorialmente, por edad y por pueblo indígena, que
permitan reflejar la situación de violencia contra las mujeres,
garantizando su sostenibilidad técnica y financiera en todos los
ámbitos y niveles.
3. Coordinar con otras instancias gubernamentales para poner en
marcha el Registro Único de Violencia hacia las mujeres, así como
elaborar y publicar informes periódicos.
4. Observar los plazos y procedimientos relacionados con la
declaratoria de alerta de violencia hacia las mujeres.
5. Continuar la iniciativa de las Promotoras Comunitarias,
fortaleciendo su trabajo con talleres de formación continua.
6. Reprogramar las asignaciones presupuestarias al Viceministerio de
Igualdad de Oportunidades, para un efectivo cumplimiento de su
misión institucional.
7. Fortalecer los Sistemas Integrales de Justicia Plurinacional para que
brinden el apoyo y acompañamiento jurídico a mujeres víctimas de
violencia de bajos recursos.
8. Realizar seguimiento permanente a los casos de feminicidio y
violencia sexual, procurando su sanción y la reparación del daño a
víctimas y familiares.
9. Informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas
por entidades internacionales tales como: CEDAW, MZ, EPU y otras
relacionadas con violencia hacia las mujeres, y difundir los
compromisos internacionales asumidos por el Estado Plurinacional
de Bolivia.
Al Viceministerio de Seguridad Ciudadana:
1. Generar mecanismos de supervisión para el efectivo cumplimiento
en la asignación de recursos del IDH para la construcción de casas
de acogida, refugios temporales, fortalecimiento a la FELCV y para
el mantenimiento, provisión de personal y gastos de
funcionamiento de los Servicios Legales Integrales Municipales.
2. Emitir normativa reglamentaria para el efectivo funcionamiento de
las cámaras de seguridad ciudadana garantizando el archivo de
imágenes como medio de prueba en procesos judiciales.
3. Coadyuvar con el Ministerio de Justicia y otras instancias
gubernamentales para proveer información actualizada a la base
de datos del SIPASSE, apoyando en la elaboración de informes
periódicos sobre la situación de violencia hacia la mujer.
4. Incluir en el Observatorio de Seguridad Ciudadana datos
estadísticos y análisis en relación con casos de feminicidio y
violencia contra las mujeres, desagregados por tipos de violencia
en todo su ciclo de vida.
A la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV):
1. Continuar con programas de formación, especialización,
sensibilización y capacitación para el personal asignado a la FELCV
en materia de derechos humanos y violencia contra las mujeres.
2. Crear mecanismos que permitan que el personal especializado,
formado en la atención de casos de mujeres en situación de
violencia, tenga la posibilidad de acceder a un sistema de
especialización profesional con el objeto de evitar su constante
rotación que tiene como consecuencia la paralización de
investigaciones.
3. Gestionar el apoyo interinstitucional para la conformación de
equipos profesionales interdisciplinarios para la atención a víctimas
de violencia.
4. Mejorar la infraestructura y equipamiento para garantizar una
atención con calidad, calidez y confidencialidad a mujeres víctimas
de violencia.
A la Fiscalía General del Estado:
1. Crear fiscalías especializadas de acuerdo con las disposiciones de
la Ley N° 348 en forma inmediata, para la atención de mujeres
víctimas de violencia.
2. Implementar cursos y talleres de capacitación permanente dirigidos
a fiscales especializados y personal auxiliar en materia de
protocolos y procedimientos para ejercer la acción penal pública en
casos de violencia hacia la mujer.
3. Procesar a servidores públicos que obstaculicen la aplicación de la
Ley 348 y su decreto reglamentario, que favorezcan la impunidad
en las etapas de investigación, procesamiento y sanción en casos
de feminicidio, violencia sexual y otros delitos de violencia hacia la
mujer.
4. Facilitar el acceso a exámenes médicos, peritajes y otros
requerimientos para los procesos de investigación, que favorezcan
a mujeres de escasos recursos, e implementar protocolos de
atención que obliguen a las servidoras y servidores públicos de la
Fiscalía a brindar un trato oportuno, digno, respetuoso, con calidad
y calidez a la víctima.
5. Generar estadísticas sobre la investigación de delitos vinculados a
la violencia hacia las mujeres diferenciando las respectivas etapas
procesales.
6. Asegurar el funcionamiento del Sistema de Registro de casos de
violencia contra las mujeres y difundir de manera periódica la
situación a nivel nacional, departamental y municipal.
Al Órgano Judicial - Consejo de la Magistratura:
1. Crear juzgados especializados cumpliendo con el mandato de la
Ley Nº 348 para la atención de delitos contra toda forma de
violencia hacia las mujeres, con personal idóneo y capacitado, que
demuestre sensibilidad a la problemática evitando la
revictimización y acciones que puedan reproducir la subordinación
de las mujeres y otras situaciones de desigualdad basada en el
género.
2. Continuar con la capacitación de jueces y personal subalterno para
actualizar sus conocimientos teórico-dogmáticos y normativos en
materia de género, derechos humanos y violencia, para evitar la
revictimización y garantizar la sanción y reparación del daño a las
víctimas.
3. Cumplir los plazos procesales en los procesos de violencia hacia
las mujeres garantizando una administración de justicia pronta y
oportuna.
A los gobiernos departamentales y municipales:
1. Cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley N° 348
garantizando el principio constitucional de no sufrir ninguna forma
de violencia, sea física, sexual, psicológica, tanto en la familia
como en la sociedad, ejerciendo sus atribuciones y competencias
con relación a la asignación de recursos para el fortalecimiento de
la FELCV, la provisión de personal y gastos de funcionamiento de
los Servicios Legales Integrales Municipales y la obligación de
generar políticas públicas y campañas de prevención de toda forma
de violencia contra las mujeres.
2. Trabajar intersectorialmente para la atención efectiva y oportuna a
mujeres víctimas de violencia, principalmente de violencia sexual.
La Paz, 2 de diciembre de 2015
Betty Yañiquez Lozano
Presidenta:
Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la
Cámara de Diputados.
Miembros de la Comisión:
Dip. Jaquelín Mendieta C. Dip. Tito Veizaga Dip. José Manuel
Canelas J. Dip. Cira Castro V. Dip. Cristóbal Chuquichambi
Dip. Martiriano Mamani.

Recomendaciones de la Cámara de Diputados para aplicar la Ley 348

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Destacado

Similar a Recomendaciones de la Cámara de Diputados para aplicar la Ley 348

Más de Doctora Edilicia

Último

Recomendaciones de la Cámara de Diputados para aplicar la Ley 348